Miércoles, 25 Mayo 2016 19:15

Cultura del voluntariado legal

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La noticia dada a conocer por el Ministerio de Justicia es alentadora, y se trata de la iniciativa de un grupo de abogados de prestigiosos estudios jurídicos que a partir de ahora atenderán en forma gratuita las causas penales de reclusos en estado de vulnerabilidad. Estos profesionales del Derecho han dado un paso decidido para demostrar su auténtico compromiso con el cambio en la mentalidad de “buscar solo el lucro” que se cree es endémico en el mundo de los leguleyos.

 


El Ministerio de Justicia señala que con la iniciativa se reducirán las dilaciones indebidas en el proceso penal. Los abogados que dieron el Sí a esta causa benéfica son: José Ignacio González Macchi, Andrés Casati, Arturo Daniel y María Liz García de Arnold, por medio de la Universidad Metropolitana, a la que representa. Para la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo,
estos primeros voluntarios promoverán esta cultura de la ayuda benéfica y convertirá a los abogados que se sumen como verdaderos protagonistas del cambio.

“Es un ejercicio de la profesión totalmente gratuito, los abogados ponen todo su servicio y si hay gastos mínimos en la tramitación del juicio, ellos van a correr con esos gastos”, aclaró la ministra Bacigalupo, sin ocultar su satisfacción en el rostro. 

La secretaria de Estado en otro momento adelantó que también se realizará un diálogo con la Corte Suprema de Justicia para que se puedan exonerar los gastos correspondientes al otorgamiento de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión. “Estoy segura de que la Corte va a ver con muy buenos ojos este proyecto que va abonar un cambio al sistema de justicia”, subrayó la ministra Bacigalupo.

La abogada Cecilia Pérez, del Estudio Jurídico González Macchi, lanzó la invitación a los cerca de 45.000 abogados del país. “Es importante que esto haya surgido desde el Gobierno y no desde una ONG para tratar de paliar el hacinamiento en los centros de privación de libertad. Esperamos que este proyecto pueda expandirse y que muchos profesionales de otras circunscripciones judiciales se vayan sumando”, indicó Cecilia ante medios de prensa.

Desde el Ministerio de Justicia, se informó que la Dirección de Seguimiento a la Situación Procesal se hará un relevamiento de datos de personas privadas de libertad que soliciten contar con abogados defensores, o que cuyas causas no tengan un seguimiento efectivo. Ahí se les dará la posibilidad de elegir a un defensor público o a un abogado involucrado en el proyecto. El abogado involucrado en el Proyecto, conforme al compromiso asumido, deberá responder sobre la aceptación del ejercicio de la defensa, y firmar la carta poder en el plazo de 24 horas.

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