Miércoles, 22 Junio 2016 20:41

Temibles Águilas Negras

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Tres juezas de Sentencia se enfrentaron cara a cara con el juramento de venganza (con gestos bien claros de muerte por degollamiento) de parte de dos integrantes del temible grupo criminal brasilero Primer Comando Capital (PCC) y de otros dos bolivianos condenados. La terrible escena se dio minutos después de dar lectura al fallo que impuso elevadas penas carcelarias a los 20 acusados al comprobarse la culpabilidad de los mismos en un megacaso de tráfico de drogas donde se abortó la venta de un cargamento de 1.881 kilos de cocaína.

 


El operativo Águila Negra fue realizado por agentes de la Senad, el 10 de noviembre de 2012, en el distrito de La Paloma del Espíritu Santo, departamento de Canindeyú. La difícil tarea de juzgar dirían algunos, sin embargo, la exposición constante al peligro de los magistrados asignados a casos de alto voltaje constituye una realidad que debe ser motivo de estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La generalidad revela que los encargados de impartir Justicia carecen de resguardo policial extraordinario, como medidas de prevención mientras que otros políticos o autoridades de
Gobierno sufren de una insolente “sobredosis de custodios” y sin motivos valederos. Gloria Hermosa, Rosarito Montanía y Alba González, integrantes del Tribunal de Sentencia, y la suplente Blanca Gorostiaga vivieron escenas de mucha tensión cuando los procesados advirtieron que “hasta ahora sus manos no tienen sangre”, para luego pasar la mano por el cuello de lado a lado (para graficar el acto de cortar el cuello).

De momento, las afectadas pidieron custodia plena y de carácter urgente a la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta. Esta amenaza también fue en directa alusión a los fiscales antidrogas Elva Cáceres y Carlos Alcaraz quienes realizaron el trabajo de investigación y sustentaron en juicio con pruebas el pedido de las elevadas condenas. Como medida ejemplificadora, un juez de ejecución debería adicionar penas complementarias por esta amenaza flagrante a los brasileños José Antonio Dos Santos Andrade (condenado a 25 años); su hermano Alex (condenado a 28 años); los bolivianos Marco Antonio Roca Alí (condenado a 29 años, más 5 por medidas de seguridad), y su hermano Luis Felipe (condenado a 29 años).

Porque, la seguridad de los jueces es vital para que la Justicia actúe libremente.

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