Miércoles, 16 Marzo 2016 19:38

Lucha contra narcotráfico requiere medidas urgentes

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La lucha contra el narcotráfico en todos los países del mundo resulta cada vez más compleja y difícil de desarrollar. México es un claro ejemplo de cómo los carteles de la droga desarrollan sus actividades cada vez más violentas, tornando la acción del Gobierno absolutamente insuficiente.

 

En Colombia la lucha comenzó hace más de 60 años y la acción de grupos terroristas se vinculó rápidamente con el narcotráfico. A pesar del éxito obtenido por el gobierno de Uribe en esta larguísima lucha contra las FARC, la solución del problema parece estar encaminada hacia una negociación con esos grupos terroristas, que ya lleva varios meses y que ha tenido como gran protagonista para llevar adelante esas negociaciones de paz al papa Francisco.

En nuestro país desde la toma de posesión del actual gobierno, se produjeron intervenciones e incautaciones de drogas, vehículos y aviones como nunca antes registrados y, a pesar de ello, la impresión que tenemos la gran mayoría de los paraguayos es que la lucha contra el narcotráfico la estamos perdiendo.

Cada vez con mayor insistencia se habla de la existencia de narcopolíticos y de que los carteles de la droga tienen referentes muy importantes en los 3 poderes del estado, para así obtener protección para sus actividades ilícitas.

Paralelamente, la actividad investigativa y persecutora de la Secretaría Nacional Antidrogas se desarrolla en condiciones jurídicas absolutamente irracionales y groseramente limitativas para lograr mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico. La primera gran limitación que me permitiré destacar es que los funcionarios contratados y permanentes de la Senad se rigen por la ley de la función pública, que impone un régimen disciplinario y un sistema de sumario administrativo al personal que constituye casi una garantía de impunidad para quienes incurren en graves faltas en el ejercicio de sus funciones.

Sabido es que por la ley de la función pública, los sumarios administrativos se realizan ante un juez designado por la Secretaría de la Función Pública, que poco o nada conoce de la problemática que se presenta en cada institución estatal, mas aun cuando se trata de una entidad con funciones tan complejas, sensibles y delicadas como la Secretaría Nacional Antidrogas.

Prueba de ello es que el actual Secretario Ejecutivo de la SENAD , en reiteradas ocasiones ha manifestado ante distintos medios de prensa que el 70% del personal de la SENAD estaba bajo sospecha fundada de corrupción y que debían ser objeto de inmediata remoción. Y ciertamente puedo certificar la absoluta veracidad de tan graves manifestaciones.

Para solucionar esta gravísima deficiencia que limita la eficacia en la lucha contra el narcotráfico, se torna absolutamente imperativo e impostergable permitir a la SENAD un régimen especial para el nombramiento, promoción y remoción de sus funcionarios, sustrayéndola del régimen impuesto por la ley de la función pública.

Un segundo aspecto para tornar más eficiente  la gestión de la Secretaría Nacional Antidrogas es acelerar la aprobación de la ley de extinción de dominio, que permitirá que todas aquellas personas que aparezcan como sospechosas de estar involucradas en cuestiones de narcotráfico y de lavado de dinero proveniente de la tenencia y comercialización de sustancias prohibidas, puedan ser privadas inmediatamente de la administración y disposición de esos bienes. Lamentablemente, la innegable influencia de los carteles de la droga, permitieron que el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento fuera rápidamente desestimado, bajo el argumento de supuestos defectos técnicos que permitirían todo tipo de abusos e injusticias de ser aprobado el mencionado proyecto de ley.

Un tercer aspecto no menos importante  que los anteriores es dotar a la Secretaría Nacional Antidrogas del presupuesto y de los recursos tecnológicos y jurídicos que le permitan llevar con mayores posibilidades de éxito la desigual lucha contra los carteles de la droga. Si no se atienden estos 3 aspectos señalados precedentemente, las intervenciones e incautaciones de drogas podrán seguir realizándose con mayor o menor éxito, pero todo lo que se llegare a hacer será insuficiente para acabar con este flagelo que azota con cada vez mayor incidencia a nuestros jóvenes, sin importar el nivel económico, la edad o el escenario en que cada uno de ellos se desenvuelve.

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