El estudio del Presupuesto General de Gastos para el año entrante pone en foco a los actores económicos y políticos responsables de su diseño y posterior ejecución. El complejo contexto actual demanda un actuar medido a fin de preservar la estabilidad fiscal.
En los últimos días el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda ha encabezado reuniones en diversos ámbitos para exponer el plan de gasto público para el ejercicio 2023, coincidente con el año electoral y la transición hacia una nueva administración del Estado.
A nivel de cifras se desprende que la versión Hacienda totaliza 102,6 billones (USD 14.454 millones), un 6% superior al ejercicio 2022. El 55% representa a la Administración Central, mientras que el 45% restante corresponde a las entidades descentralizadas, de acuerdo a la presentación realizada ante representantes del Poder Legislativo, quienes tienen la última palabra en la aprobación o rechazo.
Conforme se socializa el PGN surgen a la par las solicitudes de las entidades públicas que buscan sendas modificaciones, la mayor parte de ellas enfocadas a aumentos salariales, tomando como referencia los niveles de inflación.
En ese sentido, desde la cartera estatal se enfatizó que el PGN 2023 tiene como prioridad la racionalización y la austeridad, buscando lo máximo posible el equilibrio entre ingresos y gastos, más aún teniendo en cuenta el periodo pospandemia y el inminente periodo electoral cuyo epílogo precisamente está marcado para el próximo año.
En una primera revisión se contemplan aumentos para áreas específicas y sensibles como Salud y Educación, como también para entidades como Petropar y ANDE, que fundamentaron sus respectivas solicitudes para la compra de combustible y energía.
De esta manera, Hacienda se pronuncia y ratifica que no se prevén aumentos desmedidos de salarios, uno de los puntos de mayor impacto en el presupuesto en cada año y que genera por un lado la recurrencia permanente al Congreso y por el otro las voces que recomiendan prudencia y responsabilidad en el uso del dinero público.
Gremios como la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Anunciantes del Paraguay se pronunciaron y abogaron a un tratamiento en el que prime el interés superior de la ciudadanía, para impulsar el progreso por medio de un gasto medido.
Recordaron además que por medio de un combate frontal a la informalidad y al contrabando es posible generar más recursos para el sostenimiento de las iniciativas gubernamentales a corto, mediano y largo plazo, especialmente en el área de infraestructura para una mayor eficiencia del Estado.
