El Semáforo de Eliminación de Pobreza, ideado en Paraguay por Martín Burt, continúa expandiéndose a nivel global. En México, la metodología será implementada no solo por empresarios, sino también con el respaldo de la Iglesia Católica, generando cambios profundos en las comunidades vulnerables.
Durante el reciente Encuentro Nacional de Obispos con Empresarios en México, se presentó una versión del Semáforo adaptada a las necesidades locales, el «Semáforo de Desarrollo Inclusivo». Esta herramienta se enfocará en temas de paz y combate a la pobreza multifactorial, centrándose en las parroquias como puntos de acción comunitaria.
Así, la Iglesia, los empresarios y otros sectores se unen para crear un cambio significativo, demostrando que cuando distintos actores sociales trabajan en conjunto, los resultados son más efectivos y duraderos.
Actualmente, el Semáforo es aplicado en más de 60 países. Esta innovadora tecnología ayuda a familias a mejorar su calidad de vida, con objetivos claros y prácticos, promoviendo la educación financiera, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento familiar, elementos fundamentales para construir una vida digna y sostenible.
Mientras el alcance de la Fundación Paraguaya sigue creciendo internacionalmente, prestando asistencia técnica a gobiernos locales, empresas privadas y organismos multilaterales, en Paraguay se observa con alarma las intenciones de ciertos sectores políticos de someter a la sociedad civil que no está alineada con el poder de turno.
Esta tendencia contradice la línea política del presidente Peña, quien afirma buscar una mayor integración de Paraguay al mundo, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, uno de los factores más débiles que impiden al país alcanzar el tan anhelado grado de inversión.
La Fundación Paraguaya ha cumplido con la entrega de toda la documentación solicitada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida popularmente como la “comisión garrote”, y mantiene un historial impecable de transparencia, regulado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y con estándares internacionales de auditorías internas y externas.
No obstante, la Fundación entiende que las intenciones de la CBI tienen un espíritu persecutorio y se solidariza con toda la comunidad de la sociedad civil paraguaya, que ha sido fundamental en el fortalecimiento de la democracia en el país. Ante estos abusos, hacemos un llamado al presidente Peña a vetar el proyecto de ley y a colaborar con todos los sectores para avanzar en los intereses mayores y comunes de Paraguay.
