Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informaron que, con una inversión de USD 209 millones, generarán más de 3.300 nuevos puestos de trabajo en este 2022.
Al cierre de diciembre del 2021, el Consejo de Inversiones del MIC, bajo el beneficio de la ley Nº 60/90 de “Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital de Origen Nacional y Extranjero”, aprobó 107 solicitudes de inversión por valor de USD 209 millones.
Estas inversiones generarán 3.301 vacancias laborales en forma directa, provenientes en su mayoría de inversión nacional.
Esto es el resultado de la promoción a la inversión, tanto nacional como extranjera, y de un sistema económico basado en el libre comercio.
De todos los proyectos aprobados, 82 corresponden al sector industrial que cuenta con una inversión total de USD 149,9 millones, entre los cuales se destacan las actividades de elaboración de productos alimenticios; seguido de la fabricación de elementos de caucho y plástico, así como también la elaboración de productos farmacéuticos.
Los beneficios fiscales concedidos al amparo de la normativa son los destinados para la exoneración de gravamen aduanero e IVA para la importación de maquinarias y equipos.
Asimismo, los bienes de capital de producción nacional también están alcanzados por la ley N°60/90, con la exoneración del IVA por la compra local de maquinarias y equipos fabricados en el país.
Si la inversión es superior a USD 5.000.000 cuenta con exoneración total de los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades provenientes de los proyectos aprobados por el término de hasta diez años, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto. Si el monto de la financiación proviene del extranjero quedará exonerado el pago de los tributos que gravan a las remesas y pagos al exterior en concepto de intereses, comisiones y capital de los mismos por el plazo pactado.
El objetivo de esta ley es promover e incrementar las inversiones de capital de origen nacional y/o extranjero, por lo que se otorgan beneficios de carácter fiscal a las personas físicas y jurídicas radicadas en el país, cuyas inversiones se realicen en concordancia con la política económica y social del Gobierno Nacional.
Estos datos se desprenden de un reporte publicado por la agencia IP Paraguay.
